Hechos irrefutables:

o Hubo prisioneros que fueron exterminados indefensos y amarrados.

o Hubo prisioneros que fueron torturados e inyectados con drogas para adormecerlos antes de ser tirados al mar.

o Existieron centros de torturas en todas las ramas de la defensa nacional carabineros y policía civilo La tortura era un procedimiento estándar para obtener información y también para crear situaciones delictuales condenables por la Junta.

o Los consejos de guerra fueron métodos institucionalizados para condenar y ejecutar presos políticos y prisioneros de guerra según la calificación de la Junta de Gobierno.

o Oficiales de Inteligencia mantuvieron cuentas en bancos extranjeros donde se manejaban empresas anónimas para obtener fondos y así sostener las actividades ilícitas de la Junta y Gobierno de Pinochet.

o Las FFAA han negado sistemáticamente estos deleznables hechos por más de 30 años, argumentando que fueron acciones aisladas y personales de los mandos para realizar estas aberraciones.

o Los crímenes institucionalizados cometidos por las FFAA fueros explícitamente expuestos por la Comisión Rettig en 1991 y no fueron reconocidos por las CJ (nota de la redacción: Comandancias en Jefe) de la época y posteriores.

o Es evidente que hubo un pacto de silencio para diluir las responsabilidades en estos crímenes.

Estas verdades están avaladas por los diferentes procesos abiertos, varios de los cuales han sido cerrados y amnistiados por la justicia militar y también por la ordinaria. La Comisión sobre la Prisión Política y Tortura entregará al presidente Lagos un informe con las declaraciones de 30.000 o más testigos que fueron torturados por las FFAA y de Orden, donde inequívocamente quedarán demostrados los mecanismos utilizados por las instituciones de la defensa nacional. Es decir la responsabilidad Institucional de estos procedimientos.La institucionalidad de estos procedimientos no avala ni quita responsabilidad al ejecutor de los procedimientos. El derecho internacional no aplica la obediencia debida cuando se trata de violaciones a los DD.HH. Este tipo de hechos han sido el motor para que el ejército haga el anuncio entregado por el General Cheyre recientemente y también lo será para que los otros Comandantes en Jefe, Director General de Carabineros y Director de Investigaciones hagan lo mismo debido al enorme e irrefutable peso histórico que debe traer el Informe VALECH. No fueron actos aislados de los mandos inferiores de oficiales y suboficialesTreinta años ha demorado el Ejército para aceptar aquello, que los uniformados constitucionalistas y por cierto exonerados hemos denunciado, desde que se iniciaron los juicios contra los atropellos a los derechos humanos, me refiero a que los crímenes cometidos durante la Dictadura de la Junta de Gobierno y posteriormente por el Gobierno de Pinochet, formaban parte de una política institucional y de Estado. Las aberraciones cometidas, como tortura, crímenes organizados, juicios políticos, consejos de guerra fusilamientos, entierros ilegales, inhumaciones etc. No fueron actos aislados de los mandos inferiores de oficiales y suboficiales como ha sido sostenido por mucho tiempo por las ramas castrenses (aún sostenido por la armada).Valoro inequívocamente al Comandante en Jefe (CJ) del Ejército General Emilio Cheyre al reconocer por primera vez este proceder. Este CJ hasta hace poco mantenía la negativa de aceptar la responsabilidad delictual Institucional, reiterando que las culpas eran individuales. Estoy convencido que es probable que en algunos casos hubo arranques personales, pero que obedecían al ejemplo observado en otros niveles ya que había permisividad en estos hechos y tolerancia sin restricción, es decir había una política institucional que avalaba todas los procedimientos enunciados arriba. Los alcances políticos judiciales y de relación con las otras ramas de las FFAA, oficializados por el cambio en la doctrina del ejército, para abordar los abusos en materias de DD.HH. cometidos durante el gobierno militar, hacen presumir que si las otras ramas se asimilarán a este cambio radical de la política de los casos individuales y aislados, a la existencia de una práctica sistemática y reconocer una responsabilidad institucional en estos delitos de lesa humanidad, si esto no ocurre, se verán sometidos a presiones por denuncias de asociación ilícita y obstrucción a la justicia, en los juicios que sin lugar a dudas se abrirán para obtener indemnizaciones por daños morales y psíquicos por parte de los torturados. Estas causas por reparaciones económicas tendrán un nuevo elemento para avalar la participación del estado y este punto de vista penal podrá ser interpretado por los subalternos participantes en los crímenes, como un término del pacto de silencio y podrán aportar antecedentes para aclarar los hechos y denunciar a los superiores que se han escondido bajo este pretexto de compromiso. Por otra parte, la información que no ha sido entregada a los Tribunales de Justicia o Mesa de Diálogo basada en este pacto, abrirá el camino a las instituciones castrenses para revelar todo lo que saben. Delito de tortura que es imprescriptible e inamnistiableMe parece indigna, cobarde y mentirosa la actitud de los Senadores Arancibia y Martínez Bush, al declarar que como Comandantes el Jefe de la Armada, no responderían en la forma que lo hizo Cheyre. Esto para mí tiene dos posibles orígenes, el primero, que efectivamente son cobardes y mentirosos, y el segundo, que su grado de discrepancia con las doctrinas enunciadas por Cheyre es tan profundo que no les permite aceptarlo. Habría una tercera, pero que yo no la puedo aceptar, y es que no sabían que estaban ocurriendo estos hechos en sus ramas o que no ocurrieron. Esta última situación los pondría en una condición de imbecilidad mayúscula. Lo mismo le cabe a los ex comandantes en jefe de la FACH Fernando Matthei, Ramón Vega y Fernando Rojas. Si estas posiciones no se rectifican darán lugar al inicio de juicios en los tribunales, por el delito de tortura que es imprescriptible e inamnistiable por ser un delito de lesa humanidad, debido a la asociación y complicidad que los nombrados puedan tener con los procedimientos institucionalizados. Debe recordarse, que estos CJ en forma bastante torpe negaron la veracidad del informe Rettig.Como Oficial exonerado puedo asegurar que nunca recibí instrucciones de cómo torturar. Excepto que algunos oficiales eran comisionados a la Escuela de las América de Panamá, donde los EE UU enseñaban su doctrina anti insurgente o de Seguridad Nacional y que algunos de estos oficiales trajeron Manuales de cómo torturar o interrogar prisioneros (argumento utilizado por el abogado Ferrada). Aún así, la existencia de estos documentos que enseñaban cómo cometer un delito no autorizaba ni menos legitimaba su práctica. Este concepto está explícitamente avalado por las declaraciones del General Cheyre, al manifestar que nada permite justificar ese conjunto sistemático de acciones que son moralmente inaceptables y por lo tanto carecen de toda justificación ética. Por otra parte, sabemos que el Derecho Internacional Humanitario que rige desde 1949 y el Convenio de Ginebra condena el maltrato de prisioneros. Por lo tanto, ningún torturador ni su Institución pueden alegar ignorancia ni legitimar algún tipo de aplicación de la tortura o trato humillante. En cuanto a la manera de reparar a las victimas de las violaciones de los DD.HH. me parece consecuente acotar, que más allá de las declaraciones románticas, o la adhesión a principios inmanentes, el poder político y el estado deben preocuparse fundamentalmente de la situación de los torturados, encarcelados, los deudos y los que perdieron su carrera, en especial los militares constitucionalistas que fueron doblemente agredidos por sus propios compañeros de armas donde el daño moral y psíquico fue doblemente exacerbado. Adicionalmente, es una verdad evidente que los militares tienen alternativas profesionales muy reducidas en el mundo civil.No podemos aceptar una compensación simbólica por estas situaciones tan aberrantes que deterioraron la dignidad de la persona humana. Es más justo y más noble respetar las leyes, que dejarse llevar por el caudillismo de algunos generalesAquí cabe tener una aplicación de la ley de exonerados de excepción, como por ejemplo lo que ocurrió con la Línea Recta en el pasado, en que los uniformados fueron recontratados por un día y se les ascendió de grado y luego los jubilaron con mayores sueldos como compensación, de manera que todos sin excepción obtengan un beneficio del estado. Aun más creo que en justicia, los uniformados deberían haber continuado en servicio y ascendido hasta llegar al día de hoy a los grados y años de servicio que normalmente hubieran obtenido en sus carreras y deberían todos gozar de la jubilación con grados superiores y con treinta años efectivos de servicio. Esto, en mi opinión, sería una justa reparación a quienes sufrieron. Sería además un mensaje a todos al interior de las Fuerzas Armadas, que la sociedad chilena aprecia a quienes respetan la Constitución y la Ley. Si no se procede así, se está desaprovechando la posibilidad de sentar el precedente de que es más justo y más noble respetar las leyes, que dejarse llevar por el caudillismo de algunos generales, para transgredir la Constitución y ser cómplices de una aberración humana como la descrita arriba.En relación a la sanción a los individuos culpables, en lo personal no me interesa, aquello debe dejarse a la justicia chilena, pero cuyos alcances sin duda para aminorar las suspicacias, las comandancias en jefe deberían entregar un dossier con las listas de personas que estuvieron asignadas en los centros de torturas que aparecerán en el Informe sobre Prisión Política y Tortura y que la justicia se haga cargo de ellos, solo así se percibirá en forma clara e inequívoca que la acción de las FFAA no es solo de principios. Más aún, no me cabe duda que con solo extraer los nombres de los torturadores de los muchos juicios pendientes y hacerlos públicos de manera que no se confundan con los testigos silenciosos reivindicados y así los culpables no se aparecerán en las reuniones públicas que realizan las Instituciones y que sientan el repudio o castigo moral de todos los chilenos.No me siento esperando clemencia de los que fueron mis verdugosSi se desea que el "Nunca Más" sea una realidad y que no sean sólo palabras que pueden variar según las circunstancias políticas, es imperioso que el Estado y el Poder Político entreguen un mensaje muy claro a los uniformados: que si éstos se oponen a eventuales alzamientos o golpes de estado, no serán abandonados y que sus derechos les serán reconocidos y devueltos.Tampoco me interesa ver a las FFAA pidiéndonos perdón, ya que no me siento esperando clemencia de los que fueron mis verdugos. Pero percibo muy claramente que con la asunción de la responsabilidad que corresponde ante estos hechos inmorales iniciada por parte del ejército, es necesario que se hagan públicas también, por parte de las otras ramas de la defensa, una toma de posición similar.La armada tendrá que sacarse el antifaz de la negación e inocencia y deberá aceptar el cargo y los testimonios de las torturas en la Esmeralda y otros buques, para que esa institución recupere algo de dignidad. La FACH ha hecho un gran avance en estas materias al reconocer a los exonerados e integrarlos al régimen de retirados sin restricciones de ninguna especie, pero también le cabe hacer un reconocimiento a las torturas que fueron sometidos los Oficiales y Sub oficiales Constitucionalistas procesados en la Academia de Guerra Aérea y confirmar quienes las cometieron, porque estos ya han sido denunciados en juicios ordinarios y buscar mecanismos para mejorar y compensar los daños institucionalizados por los mandos anteriores en beneficio del personal afectado.Finalmente puedo escribir que un día como hoy 9 de noviembre, cayó el Muro de Berlín, un icono de la separación y opresión a un pueblo dividido. Análogamente puedo sugerir, que con la declaración del General Cheyre ha empezado a caer este muro que divide a los chilenos y que está en manos del gobierno derrumbarlo definitivamente, compensando en forma generosa a los avasallados en sus derechos por la Dictadura, creo que una actitud de este tenor, nos permitirá caminar por las avenidas de nuestra Patria, que tanto ha costado construir por los gobiernos democráticos que hemos sido capaz de conformar en forma libre.

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