La historia oculta
de Sergio Fernández, uno de los personajes clave de la dictadura
Por
Ana Verónica Peña y Carla Alonso
"SU RESPONSABILIDAD CIVIL"
El senador y fundador de la UDI, ex ministro regalón de Pinochet, fue el civil que más cerca y durante más tiempo estuvo en su círculo de hierro. Se dice que supervisaba personalmente el trabajo sucio de la CNI en sus cuarteles. Sus visitas habrían sido tan habituales que hasta tenía chapa: el Cara'e Jote, le llamaban los agentes.
Existen
centenares de civiles que colaboraron y pertenecieron al régimen
militar, y ahora miran para otro lado cuando les piden que asuman sus
responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos. Se han distanciado
tanto, que ya no van ni al cumpleaños de Pinochet. Sergio Fernández
Fernández (65), casado, cuatro hijos, fundador de la UDI, ex ministro
del Trabajo y dos veces Ministro del Interior de Pinochet, es uno de ellos.
Pero no es cualquiera. Fernández era "el regalón de
Pinochet", el civil que más cerca y durante más tiempo
estuvo en su círculo de hierro, el elegido entre todos sus ex secretarios
de Estado para representarlo en el senado como designado. Ésa es
la historia conocida de Fernández, pero hay otra, soterrada y umbrosa,
que hasta ahora nadie ha contado en público. Dicen que a Sergio
Fernández, cuando era ministro del Interior, le gustaba pasearse
por los centros de tortura. Tratamos de confirmar el dato entre algunos
ex funcionarios del régimen y la única que dio señas
de aquello fue la ex Ministra de Justicia, Mónica Madariaga. "Lo
he oído mencionar, dicen que los agentes le decían el Cara'e
Jote. Pero a mí no me consta", dijo. La ex secretaria de Estado
agregó que, hasta donde ella sabía, ese dato salió
en "La Historia Oculta del Régimen Militar", de los periodistas
Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda. Así es,
ahí está la historia, en el capítulo 33, pero el
ministro en cuestión está identificado sólo como
"un alto funcionario". Consultado al respecto, Salazar dijo
a LND que "es cierto, Sergio Fernández era el ministro que
se paseaba por los centros de tortura. Así me lo contó a
mí y a Ascanio otro ex ministro de Pinochet". Pero Fernández
ha insistido hasta el cansancio -incluso en estos días- en que
él nada tuvo que ver con estos hechos. Todo lo contrario. Al fundador
de la UDI y ahora senador por la XII Región le gusta repetir que
el Informe Rettig demuestra que, mientras estuvo en el Ministerio del
Interior, las violaciones de los derechos humanos disminuyeron notablemente.
Pero aquello está lejos de ser así. El informe realmente
divide a la dictadura en dos grandes períodos: 1973-1977 y 1978-1990,
cuyo corte está dado por la disolución de la DINA y su reemplazo
por la CNI. Y sostiene que, en la segunda parte, "las desapariciones
se hicieron mucho menos frecuentes, aunque continuó la tortura
con su secuela de muerte". No hace ninguna otra distinción,
menos aún referida a la participación de Fernández
en el gobierno.
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LOS
MUERTOS DE FERNÁNDEZ
Lo que sí establece el Informe Rettig es que, en esos períodos, las muertes estuvieron lejos de desaparecer. De hecho, se consigna que en los años en que Fernández estuvo en Interior murieron 142 personas producto de graves violaciones a los derechos humanos; 81 durante su primer mandato, entre 1978 y 1982, y 61 en el segundo, entre 1987 y 1988. Muchas de ellas fallecieron producto de la tortura. Como el estudiante de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara. El joven fue secuestrado el 23 de julio de 1980 junto a la ahora periodista Cecilia Alzamora. Durante su detención, Jara fue sometido a diversas torturas, golpes en todo el cuerpo, aplicación de electricidad y otros tormentos que le produjeron evidentes y graves consecuencias físicas, heridas profundas en las muñecas, quemaduras en los tobillos y labios, contusiones en la frente y en la nariz. El 2 de agosto ambos fueron liberados, pero Jara falleció ese mismo día, mientras era atendido en la Posta 4.Para Cecilia Alzamora, como ministro del Interior, Fernández tiene "absolutamente toda la responsabilidad" de lo ocurrido. "Si nunca supo de nuestra detención y fuera una persona decente, lo primero que debería haber hecho era renunciar, porque significa que fue sobrepasado", dice. "Fernández le está mintiendo al país, lo conozco desde los años en que trabajé como reportera en el Congreso Nacional, siendo él parlamentario, y creo que necesita sincerarse con el resto de los chilenos", añade Alzamora.Bajo el mandato de Fernández, también fue asesinado el presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez. "Durante el juicio de mi padre, siempre dijimos que hay por lo menos dos personajes que tuvieron una responsabilidad moral, cristiana y política. Pinochet, quien dio la orden de asesinarlo, y Sergio Fernández, a quien llamó desde el sur para que se hiciera cargo del tema", dice Tucapel Jiménez hijo. Agrega que Fernández participó en las reuniones con Humberto Gordon, el director de la CNI, y con todos los agentes que participaron en el asesinato de su padre. "Pienso que si él supo todo, fue un encubridor. Al igual que Jovino Novoa, quien, desde la Subsecretaría General de Gobierno, dio las órdenes de seguir y amedrentar a mi padre. Que ahora digan que no saben nada, me parece hasta ridículo", sostiene.Otra de las víctimas del período fue Lisandro Sandoval Reyes. Su nombre apareció en la prensa, en mayo de 1981, en una lista de nueve personas a las que el ministro del Interior requería presentarse ante cualquier unidad policial. Sandoval murió en agosto del mismo año en lo que el régimen informó como un enfrentamiento, pero que fue calificado por la justicia como un homicidio. En esta causa, Fernández fue inculpado como cómplice y encubridor, pero el 13 de noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones sobreseyó el caso.
DESAPARECIDOS Y TORTURADOS
Mientras Fernández fue ministro del Interior entre 1978 y 1982, desaparecieron nueve personas tras ser detenidas por agentes del Estado. Pero su responsabilidad con este tipo de casos no acaba allí. Hace unos meses, uno de los abogados querellantes en el caso Operación Colombo pidió que fuera citado a declarar para que explique la información falsa que entregó siendo ministro, cuando se investigaba la desaparición de 119 chilenos en el exterior.En tanto, los torturados bajo su mandato se cuentan por centenares. Y ya hay algunas acciones judiciales en marcha. El 25 de noviembre de 2003, 25 personas detenidas y torturadas por la CNI presentaron una querella en contra de Augusto Pinochet, Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa. La divulgación del Informe Valech sobre la tortura en los próximos días pondrá nombres a otras víctimas de Fernández que salvaron con vida, pero arrastran consigo las secuelas de una política institucionalizada. Entre ellos se cuentan los actuales diputados Carlos Montes y Sergio Aguiló, quienes recientemente hicieron públicas sus experiencias a manos de la CNI. Con
Montes, el senador UDI cometió un error garrafal. En medio de las pruebas que aportó a tribunales para que Montes fuera procesado como dirigente clandestino del Mapu, adjuntó la declaración extrajudicial ante la CNI de Juan Maino, otro dirigente del Mapu. Nunca pudo explicar cómo llegó a sus manos, si en la causa por la desaparición de Maino sostuvo que éste nunca fue detenido por fuerzas de seguridad."Él era ministro del Interior y le informaban de todos los casos. Fernández sabía lo que estaba ocurriendo con cada una de las personas detenidas. De todos los casos de desaparecidos y torturas mientras fue ministro, él tiene responsabilidad", dice el ahora diputado socialista a LND.Según confidenció a este medio un abogado que integró la Comisión Valech, en el informe que se conocerá en los próximos días figura este episodio y otros relativos a Fernández. "Toda la política represiva era bendecida desde el Ministerio del Interior, ya que había un encubrimiento a todo lo que hacían los organismos de seguridad. Él negaba a los tribunales las detenciones, y en otros casos las legalizaba. Fernández encubría a los servicios de seguridad", asegura el jurista, y con conocimiento de causa.Él mismo agrega que el informe también se referirá a la responsabilidad de Fernández en la expulsión del país del prohombre de la DC Jaime Castillo Velasco, entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y otros tres dirigentes opositores, en agosto de 1981.
PRESUNTOS, PERO BIEN DESAPARECIDOS
Cuando asumió el Ministerio del Interior por primera vez, en abril de 1978, Fernández aseguró que venía a hacerse cargo de una nueva etapa, la de "la reconciliación nacional", que marcaría un antes y un después en materia de excesos. Es más, dijo que estaba dispuesto a colaborar con el esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos. Aún hoy sostiene que así fue.La mayor parte de las veces hablaba de "presuntos desaparecidos"; en otras, se traicionaba solo. Como cuando perdió el control por la huelga de hambre que hicieron durante 17 días los familiares de detenidos desaparecidos poco más de un mes después de haber asumido. Molesto, dijo "en cualquier guerra la gente desaparece y nadie pide, ni nadie da explicaciones". Igual se comprometió a investigar.Después volvía a que esto era una fantasía del marxismo. Como en su discurso del 15 de junio de ese mismo año cuando dijo que, "considerando que la gran mayoría de presuntos desaparecidos corresponden precisamente a activistas comunistas, socialistas y miristas", era muy factible que esas personas hayan pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sin ser identificados porque usaban documentación falsa.Unos párrafos más abajo, de nuevo justificaba las desapariciones, por si acaso alguna vez se comprobaban: "Es necesario que el país comprenda que derrotar una subversión violenta y organizada constituye un desafío que ha exigido la acción constante, abnegada y preventiva de los organismos de seguridad, en términos que ella no puede ser enjuiciada pretendiendo aplicarle criterios propios de una época de normalidad".Pese a las promesas, su actitud no fue nada colaboradora. En septiembre de 1978, el cardenal Raúl Silva Henríquez le entregó al gobierno militar un estudio sobre las violaciones de los derechos humanos, recordándole a Fernández su compromiso de recabar información. En total, se contabilizaban entonces 613 desaparecidos; Fernández respondió que sólo 25 estarían acreditados y podrían acogerse a "muerte presunta".
CIVILIZANDO AL RÉGIMEN
El nombramiento de Fernández a la cabeza del gabinete quedó en la historia como el desembarco masivo de los civiles en el gobierno militar y como el inicio de la institucionalización del régimen. Y en este rol de civilizar, hizo "valiosos" aportes en la legalización de los abusos que caracterizaron a la dictadura. Bajo su ejercicio como titular de Interior, se dictaron varios decretos en ese sentido. Uno fue el Nº 3.168, de enero de 1980, en virtud del cual la facultad presidencial de arrestar hasta por cinco días durante el estado de emergencia se delegó al ministro del Interior, es decir, a él; otro, el decreto ley Nº 3.451, de julio de 1980, amplió dicho plazo a 20 días cuando se investigaban delitos contra la seguridad del Estado con resultado de muerte, lesiones o secuestro de personas, lo que, sin duda, aumentó el calvario de muchos. Ésa es una muestra de los documentos públicos; pero los hubo también secretos. Uno de ellos, firmado por Fernández en su calidad de secretario de Interior, y por César Raúl Benavides, como ministro de Defensa, fechado el 22 de agosto de 1980, crea la Unidad Antiterrorista (UAT) con directa dependencia de Pinochet. El nuevo aparato de seguridad fue el que ejecutó la Operación Albania, que dejó 12 muertos en junio de 1987. Otro ejemplo es la circular que firmó el 25 de mayo de 1978, mediante la cual prohibió a la CNI dar respuestas a los tribunales cuando era consultada en el contexto de los recursos de amparo.
NOTABLE ENTRE NOTABLES
Sergio Fernández es uno de los 39 nombres en la lista de extraditables del juez Baltasar Garzón. Son todos notables, como los máximos jefes de los aparatos de seguridad Manuel Contreras, Odlanier Mena y Hugo Salas Wenzel; y reconocidos torturadores procesados por asesinato como Pedro Espinoza, Eduardo Iturriaga Neumann, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Osvaldo Romo y Sergio Arellano Stark.Su inclusión en la lista no es el único dato que evidencia la importancia de Fernández en la dictadura. Dejando de lado a Pinochet, su nombre es el más mencionado en la Historia Oculta del Régimen Militar, 86 veces para ser exactos. Más incluso que los otros miembros de la Junta Militar. Y es que su relación con el régimen comenzó el mismo 11 de septiembre de 1973.El golpe pilló a Fernández como abogado de la Caja Bancaria de Pensiones, a donde había ingresado en 1967. "Cuando lo contraté, Fernández era ayudante de derecho civil del profesor Lorenzo de la Maza, en la escuela de derecho de la Universidad de Chile. Fue leal, un buen sirviente para mí, destacaba por sus buenos consejos", recuerda para LND Mario Bravo, gerente de la Caja Bancaria de Pensiones hasta 1973. Allí también estaba el amigo y todavía socio de Fernández -en Inmobiliaria Baguales- Vasco Costa. Ambos se encargaron de "regularizar" la situación en el organismo previsional.- Fernández me dijo: "Hay muchos elementos comunistas que le hicieron problemas, ¿por qué no los echa?"-, recuerda Bravo. Pero él se negó y le costó el puesto. La gerencia la asumió entonces el mismo Fernández. "Habría que investigarlos, porque se robaron todos los bienes de la Caja de Pensiones", agrega Bravo.Al gobierno propiamente tal, Fernández ingresó el 8 de marzo de 1976, como ministro del Trabajo; ahí encabezó la represión laboral y desmanteló los sindicatos. Pero su real desembarco en la dictadura ocurrió unas semanas después, cuando se integró a la ASEP, el casi desconocido comité de asesoría política encargado del análisis diario de información y formulación de recomendaciones al dictador. El equipo era comandado por el ministro del Interior, general César Raúl Benavides, y lo integraban, además, el ministro de Hacienda, Sergio de Castro; el canciller Patricio Carvajal; el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Sergio Covarrubias y el subsecretario del Interior, coronel Enrique Montero Marx. Fernández fue el primer ministro del Trabajo al que se le abrían esas puertas. Un año después, ingresaría también la ministra de Justicia, Mónica Madariaga.
EFÍMERO CONTRALOR
Su primer gran servicio a la dictadura, Fernández lo prestó en el contexto del repudio internacional por las violaciones de los derechos humanos. El 7 de diciembre de 1977, la comisión especial de la ONU había votado la condena. El ahora presidente de RN, Sergio Diez, era el embajador del gobierno militar ante la instancia internacional. Diez se defendió como pudo, dio cifras y mostró documentos para invalidar las acusaciones, e incluso llegó a decir que "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal en Chile". Pero no logró evitar que 98 países la aprobaran, entre ellos Estados Unidos. En la ASEP se encendió la alarma de inmediato. Un pequeño grupo tomó la iniciativa. Y Fernández lo comandó. De hecho, fue en la casa de uno de sus íntimos donde se dio cuerpo a la idea que provocaría el primer quiebre al interior del gobierno militar: había que hacer una consulta para que la ciudadanía respaldara al gobierno en medio de "la agresión de la ONU", concluyeron. Al general Leigh y al almirante Merino la idea les pareció descabellada.El 16 de diciembre la condena internacional fue ratificada por la Asamblea de la ONU. Cinco días después, Pinochet anunció la realización de la consulta; al mismo tiempo designó a los encargados: César Benavides, Mónica Madariaga y Sergio Fernández. Los tres tenían que organizarlo y coordinarlo todo en sólo dos semanas, pues la fecha la fijó para el 4 de enero.A la oposición interna que evidenciaron Merino y Leigh, se sumó un contratiempo aún mayor: el contralor de la República, Héctor Humeres, expresó reparos "de forma y de fondo" a la convocatoria. La osadía le costó su jubilación anticipada. El reemplazante fue, justamente, Sergio Fernández. La medida se concretó el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. En menos de 24 horas, el nuevo contralor cursó el decreto supremo que convocaba a la consulta, listo para ser publicado en el Diario Oficial. Cuatro meses después dejó el cargo.Días después de la consulta, Pinochet le pidió que lo acompañara a un viaje a Punta Arenas, en medio de la crisis con Argentina. Según consignó la revista Qué Pasa en la crónica de este viaje, el contralor Fernández pasaba por ministro; es más, casi parecía el jefe de gabinete. Una observación, sin duda, premonitoria.
EL ASCENSO
Los líos con Argentina no eran el único foco de preocupación de Pinochet a inicios de 1978. El exhorto de la justicia norteamericana por la declaración de Michael Townley como inculpado en el asesinato de Orlando Letelier y Rony Moffit, ocurrido dos años antes en Washington, tenía al gabinete tensado al máximo.Los siete ministros civiles del régimen tomaron la iniciativa y, en una cena privada, en la casa de Pinochet, le aconsejaron un cambio radical: era imperioso civilizar al gobierno, cambiarle la cara. En el encuentro destacó por su oratoria el ministro del Trabajo, Vasco Costa, que había llegado a la cartera como subsecretario de Fernández, designado por este mismo. Costa fue quien desarrolló la novedosa idea para el general. Fue así como Fernández se convirtió en el primer civil en el ministerio del Interior, desplazando al general Benavides al Ministerio de Defensa e iniciando la nueva etapa de la dictadura.La gesta era tan importante que Pinochet le delegó también a Fernández el poder de formar el gabinete de la "civilización". Los nombramientos más importantes tuvieron lugar en Cancillería, donde puso a Hernán Cubillos, justo cuando el caso Letelier bullía y se desbordaba, y en Hacienda, donde mantuvo a Sergio de Castro, maestro en la primera etapa de las privatizaciones. La trascendencia de aquello la destacó Gonzalo Vial en su recopilación histórica del régimen. Allí señaló que, a partir de entonces, "el trío Fernández-Cubillos-De Castro pasó a ser determinante en la conducción del país (siempre, por supuesto, bajo la celosa mirada de Pinochet)".
LA AMNISTÍA
Al igual que en su llegada a la Contraloría, Fernández asumió en Interior con tareas importantes. A los pocos días en el cargo, el 19 de abril, puso su firma sobre el decreto Ley de Amnistía, que favoreció a aquellos que cometieron y ocultaron crímenes -autores y cómplices- entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Para Fernández, éste fue "el comienzo de la reconciliación nacional". La idea de la amnistía sorprendió a los otros miembros de la Junta, porque Pinochet siempre se había opuesto a algo que oliera a ella. Pero el dictador se los explicó en persona en una reunión privada, sin asesores. El único externo era Fernández.En medio de la discusión de la nueva institucionalidad del régimen, el general Gustavo Leigh insistía en contradecir a Pinochet. A mediados de julio dio una entrevista al Corriere della Sera fijando un plazo para el término del gobierno militar: 1983. Una vez más, Fernández estuvo dispuesto a servir a Pinochet. Esta vez ideó un Consejo de Ministros, una especie de órgano autónomo integrado por la totalidad de los secretarios de Estado, presidido por él, por cierto, cuya primera función fue emitir un comunicado reprochando las declaraciones del díscolo miembro de la Junta.El problema pasó a mayores. Para la FACH no era fácil aceptar que los ministros cuestionaran públicamente a su comandante. Rápidamente la sangre llegó al río y el 18 de julio Leigh fue destituido de su cargo. A partir de ese hecho, Fernández y Cubillos, desde el centro de ASEP, se encargaron de elaborar el nuevo plan político cuya máxima expresión sería la Constitución de 1980, cuyos borradores finales terminaron de afinarse en las oficinas de Fernández en el Diego Portales, a mediados de 1980.
PODERES EXTRAORDINARIOS
Con todo, 1978 fue un año intenso. En agosto se conocieron las primeras protestas de los trabajadores del cobre, que partieron con una negativa a entrar a los comedores y derivó al primer caceroleo desde los tiempos de la UP que se escuchó en toda Chuquicamata el 8 de agosto. Seis trabajadores fueron despedidos de inmediato, "por injurias al gobierno", y días después se decretó estado de sitio y se relegó a diez dirigentes. Por cadena nacional, Fernández justificó la decisión, afirmando que todos los afectados "pertenecen o están vinculados" al PC.El 18 de octubre, a seis meses de asumir el cargo, de nuevo en cadena nacional, Fernández hizo dos grandes anuncios. El primero, que asumiría poderes extraordinarios para reorganizar la administración del Estado y en ello no se contemplaba, por cierto, la estabilidad funcionaria. El segundo declaraba proscritas a siete confederaciones y federaciones sindicales, que agrupaban a 550 sindicatos. Las medidas propiciaron una queja formal en el ámbito internacional (encabezada por la AFL-CIO) que tuvo su máxima expresión en un boicot a las exportaciones chilenas declarado en diciembre de 1978. Pinochet montó en cólera y quiso cambiar al socio y amigo de Fernández, Vasco Costa, por un militar. Pero Fernández se opuso tenazmente y logró imponer a José Piñera en el cargo. El primer reinado de Fernández terminó en abril de 1982, en medio de la crisis económica y la arremetida de aquellos partidarios del régimen desplazados con su llegada, que culparon de todo a los Chicago Boys, a los neoliberales. Pero no se fue por completo. Asumió la presidencia de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas, las normas llamadas a dar carne a la Constitución. Y allí estuvo hasta que volvió a Interior, el 7 de julio de 1987.
EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ
A casi un mes de haber asumido su segundo período en Interior, Fernández firmó un decreto que prohibía la tortura. "El Supremo Gobierno será inflexible en la aplicación de las sanciones para aquellos funcionarios que se les compruebe haber efectuado o aplicado apremios ilegítimos o violencias innecesarias", se lee en el texto.Esta semana, Fernández desempolvó el documento en un intento por probar que nada tuvo que ver con esas prácticas. Pero la historia y la memoria colectiva -porfiada ella- dice otra cosa. De hecho, el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 1987/88, señala que "en lo referido a la detención de personas por parte de la CNI en recintos secretos, la Comisión debe manifestar su profunda preocupación por la persistencia de denuncias en este sentido" que incluían, por cierto, una aplicación "persistente" de torturas.Y para quienes veían televisión en esos años, es inolvidable la imagen de la estudiante universitaria Karin Eitel, acusada de ser cómplice en el secuestro del coronel Carlos Carreño, declarando ante las pantallas de TVN durante su cautiverio en la CNI, visiblemente torturada. Ella fue detenida el 2 de noviembre de 1987, cuando aún no habían pasado tres meses del dictamen que hoy enarbola Fernández.Bajo su segundo mandato también desaparecieron cinco jóvenes comunistas ligados al FPMR. La investigación judicial del caso estableció que estuvieron en el cuartel Borgoño y luego fueron lanzados al mar en las costas de San Antonio.La salida de Fernández del gobierno militar tuvo una escena de antología. Ocurrió la misma noche del 5 de octubre de 1988, cuando en su calidad de ministro del Interior tuvo que informar los resultados a los comandantes en jefe. Tratando de mejorar las cosas, destacó que los conteos mostraban que Pinochet seguía siendo la principal figura política del país, aunque había perdido. "¡Muy bien! -ironizó Matthei- ¿Dónde está la champaña?"Pero Fernández, como si nada, propuso otra de sus geniales ideas para las crisis. Esta vez aconsejó que los comandantes le dieran facultades extraordinarias a Pinochet -el decreto incluso estaba redactado y lo puso sobre la mesa- y llegó a sugerir que se postergara el escrutinio final para el día siguiente. Pero esta vez no le resultó. A las 2:38 de la madrugada del 6 de octubre, en su oficina de La Moneda, Sergio Fernández leyó la última declaración de la jornada. Admitió la derrota y celebró el comportamiento de la ciudadanía y las FF.AA. Muchos suspiraron con alivio, los más comenzaron a celebrar. Fernández bajó del podio y las luces de palacio se apagaron. LND
Lo que sí establece el Informe Rettig es que, en esos períodos, las muertes estuvieron lejos de desaparecer. De hecho, se consigna que en los años en que Fernández estuvo en Interior murieron 142 personas producto de graves violaciones a los derechos humanos; 81 durante su primer mandato, entre 1978 y 1982, y 61 en el segundo, entre 1987 y 1988. Muchas de ellas fallecieron producto de la tortura. Como el estudiante de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara. El joven fue secuestrado el 23 de julio de 1980 junto a la ahora periodista Cecilia Alzamora. Durante su detención, Jara fue sometido a diversas torturas, golpes en todo el cuerpo, aplicación de electricidad y otros tormentos que le produjeron evidentes y graves consecuencias físicas, heridas profundas en las muñecas, quemaduras en los tobillos y labios, contusiones en la frente y en la nariz. El 2 de agosto ambos fueron liberados, pero Jara falleció ese mismo día, mientras era atendido en la Posta 4.Para Cecilia Alzamora, como ministro del Interior, Fernández tiene "absolutamente toda la responsabilidad" de lo ocurrido. "Si nunca supo de nuestra detención y fuera una persona decente, lo primero que debería haber hecho era renunciar, porque significa que fue sobrepasado", dice. "Fernández le está mintiendo al país, lo conozco desde los años en que trabajé como reportera en el Congreso Nacional, siendo él parlamentario, y creo que necesita sincerarse con el resto de los chilenos", añade Alzamora.Bajo el mandato de Fernández, también fue asesinado el presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez. "Durante el juicio de mi padre, siempre dijimos que hay por lo menos dos personajes que tuvieron una responsabilidad moral, cristiana y política. Pinochet, quien dio la orden de asesinarlo, y Sergio Fernández, a quien llamó desde el sur para que se hiciera cargo del tema", dice Tucapel Jiménez hijo. Agrega que Fernández participó en las reuniones con Humberto Gordon, el director de la CNI, y con todos los agentes que participaron en el asesinato de su padre. "Pienso que si él supo todo, fue un encubridor. Al igual que Jovino Novoa, quien, desde la Subsecretaría General de Gobierno, dio las órdenes de seguir y amedrentar a mi padre. Que ahora digan que no saben nada, me parece hasta ridículo", sostiene.Otra de las víctimas del período fue Lisandro Sandoval Reyes. Su nombre apareció en la prensa, en mayo de 1981, en una lista de nueve personas a las que el ministro del Interior requería presentarse ante cualquier unidad policial. Sandoval murió en agosto del mismo año en lo que el régimen informó como un enfrentamiento, pero que fue calificado por la justicia como un homicidio. En esta causa, Fernández fue inculpado como cómplice y encubridor, pero el 13 de noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones sobreseyó el caso.
DESAPARECIDOS Y TORTURADOS
Mientras Fernández fue ministro del Interior entre 1978 y 1982, desaparecieron nueve personas tras ser detenidas por agentes del Estado. Pero su responsabilidad con este tipo de casos no acaba allí. Hace unos meses, uno de los abogados querellantes en el caso Operación Colombo pidió que fuera citado a declarar para que explique la información falsa que entregó siendo ministro, cuando se investigaba la desaparición de 119 chilenos en el exterior.En tanto, los torturados bajo su mandato se cuentan por centenares. Y ya hay algunas acciones judiciales en marcha. El 25 de noviembre de 2003, 25 personas detenidas y torturadas por la CNI presentaron una querella en contra de Augusto Pinochet, Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa. La divulgación del Informe Valech sobre la tortura en los próximos días pondrá nombres a otras víctimas de Fernández que salvaron con vida, pero arrastran consigo las secuelas de una política institucionalizada. Entre ellos se cuentan los actuales diputados Carlos Montes y Sergio Aguiló, quienes recientemente hicieron públicas sus experiencias a manos de la CNI. Con
Montes, el senador UDI cometió un error garrafal. En medio de las pruebas que aportó a tribunales para que Montes fuera procesado como dirigente clandestino del Mapu, adjuntó la declaración extrajudicial ante la CNI de Juan Maino, otro dirigente del Mapu. Nunca pudo explicar cómo llegó a sus manos, si en la causa por la desaparición de Maino sostuvo que éste nunca fue detenido por fuerzas de seguridad."Él era ministro del Interior y le informaban de todos los casos. Fernández sabía lo que estaba ocurriendo con cada una de las personas detenidas. De todos los casos de desaparecidos y torturas mientras fue ministro, él tiene responsabilidad", dice el ahora diputado socialista a LND.Según confidenció a este medio un abogado que integró la Comisión Valech, en el informe que se conocerá en los próximos días figura este episodio y otros relativos a Fernández. "Toda la política represiva era bendecida desde el Ministerio del Interior, ya que había un encubrimiento a todo lo que hacían los organismos de seguridad. Él negaba a los tribunales las detenciones, y en otros casos las legalizaba. Fernández encubría a los servicios de seguridad", asegura el jurista, y con conocimiento de causa.Él mismo agrega que el informe también se referirá a la responsabilidad de Fernández en la expulsión del país del prohombre de la DC Jaime Castillo Velasco, entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y otros tres dirigentes opositores, en agosto de 1981.
PRESUNTOS, PERO BIEN DESAPARECIDOS
Cuando asumió el Ministerio del Interior por primera vez, en abril de 1978, Fernández aseguró que venía a hacerse cargo de una nueva etapa, la de "la reconciliación nacional", que marcaría un antes y un después en materia de excesos. Es más, dijo que estaba dispuesto a colaborar con el esclarecimiento de los casos de detenidos desaparecidos. Aún hoy sostiene que así fue.La mayor parte de las veces hablaba de "presuntos desaparecidos"; en otras, se traicionaba solo. Como cuando perdió el control por la huelga de hambre que hicieron durante 17 días los familiares de detenidos desaparecidos poco más de un mes después de haber asumido. Molesto, dijo "en cualquier guerra la gente desaparece y nadie pide, ni nadie da explicaciones". Igual se comprometió a investigar.Después volvía a que esto era una fantasía del marxismo. Como en su discurso del 15 de junio de ese mismo año cuando dijo que, "considerando que la gran mayoría de presuntos desaparecidos corresponden precisamente a activistas comunistas, socialistas y miristas", era muy factible que esas personas hayan pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sin ser identificados porque usaban documentación falsa.Unos párrafos más abajo, de nuevo justificaba las desapariciones, por si acaso alguna vez se comprobaban: "Es necesario que el país comprenda que derrotar una subversión violenta y organizada constituye un desafío que ha exigido la acción constante, abnegada y preventiva de los organismos de seguridad, en términos que ella no puede ser enjuiciada pretendiendo aplicarle criterios propios de una época de normalidad".Pese a las promesas, su actitud no fue nada colaboradora. En septiembre de 1978, el cardenal Raúl Silva Henríquez le entregó al gobierno militar un estudio sobre las violaciones de los derechos humanos, recordándole a Fernández su compromiso de recabar información. En total, se contabilizaban entonces 613 desaparecidos; Fernández respondió que sólo 25 estarían acreditados y podrían acogerse a "muerte presunta".
CIVILIZANDO AL RÉGIMEN
El nombramiento de Fernández a la cabeza del gabinete quedó en la historia como el desembarco masivo de los civiles en el gobierno militar y como el inicio de la institucionalización del régimen. Y en este rol de civilizar, hizo "valiosos" aportes en la legalización de los abusos que caracterizaron a la dictadura. Bajo su ejercicio como titular de Interior, se dictaron varios decretos en ese sentido. Uno fue el Nº 3.168, de enero de 1980, en virtud del cual la facultad presidencial de arrestar hasta por cinco días durante el estado de emergencia se delegó al ministro del Interior, es decir, a él; otro, el decreto ley Nº 3.451, de julio de 1980, amplió dicho plazo a 20 días cuando se investigaban delitos contra la seguridad del Estado con resultado de muerte, lesiones o secuestro de personas, lo que, sin duda, aumentó el calvario de muchos. Ésa es una muestra de los documentos públicos; pero los hubo también secretos. Uno de ellos, firmado por Fernández en su calidad de secretario de Interior, y por César Raúl Benavides, como ministro de Defensa, fechado el 22 de agosto de 1980, crea la Unidad Antiterrorista (UAT) con directa dependencia de Pinochet. El nuevo aparato de seguridad fue el que ejecutó la Operación Albania, que dejó 12 muertos en junio de 1987. Otro ejemplo es la circular que firmó el 25 de mayo de 1978, mediante la cual prohibió a la CNI dar respuestas a los tribunales cuando era consultada en el contexto de los recursos de amparo.
NOTABLE ENTRE NOTABLES
Sergio Fernández es uno de los 39 nombres en la lista de extraditables del juez Baltasar Garzón. Son todos notables, como los máximos jefes de los aparatos de seguridad Manuel Contreras, Odlanier Mena y Hugo Salas Wenzel; y reconocidos torturadores procesados por asesinato como Pedro Espinoza, Eduardo Iturriaga Neumann, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Osvaldo Romo y Sergio Arellano Stark.Su inclusión en la lista no es el único dato que evidencia la importancia de Fernández en la dictadura. Dejando de lado a Pinochet, su nombre es el más mencionado en la Historia Oculta del Régimen Militar, 86 veces para ser exactos. Más incluso que los otros miembros de la Junta Militar. Y es que su relación con el régimen comenzó el mismo 11 de septiembre de 1973.El golpe pilló a Fernández como abogado de la Caja Bancaria de Pensiones, a donde había ingresado en 1967. "Cuando lo contraté, Fernández era ayudante de derecho civil del profesor Lorenzo de la Maza, en la escuela de derecho de la Universidad de Chile. Fue leal, un buen sirviente para mí, destacaba por sus buenos consejos", recuerda para LND Mario Bravo, gerente de la Caja Bancaria de Pensiones hasta 1973. Allí también estaba el amigo y todavía socio de Fernández -en Inmobiliaria Baguales- Vasco Costa. Ambos se encargaron de "regularizar" la situación en el organismo previsional.- Fernández me dijo: "Hay muchos elementos comunistas que le hicieron problemas, ¿por qué no los echa?"-, recuerda Bravo. Pero él se negó y le costó el puesto. La gerencia la asumió entonces el mismo Fernández. "Habría que investigarlos, porque se robaron todos los bienes de la Caja de Pensiones", agrega Bravo.Al gobierno propiamente tal, Fernández ingresó el 8 de marzo de 1976, como ministro del Trabajo; ahí encabezó la represión laboral y desmanteló los sindicatos. Pero su real desembarco en la dictadura ocurrió unas semanas después, cuando se integró a la ASEP, el casi desconocido comité de asesoría política encargado del análisis diario de información y formulación de recomendaciones al dictador. El equipo era comandado por el ministro del Interior, general César Raúl Benavides, y lo integraban, además, el ministro de Hacienda, Sergio de Castro; el canciller Patricio Carvajal; el jefe del Estado Mayor Presidencial, general Sergio Covarrubias y el subsecretario del Interior, coronel Enrique Montero Marx. Fernández fue el primer ministro del Trabajo al que se le abrían esas puertas. Un año después, ingresaría también la ministra de Justicia, Mónica Madariaga.
EFÍMERO CONTRALOR
Su primer gran servicio a la dictadura, Fernández lo prestó en el contexto del repudio internacional por las violaciones de los derechos humanos. El 7 de diciembre de 1977, la comisión especial de la ONU había votado la condena. El ahora presidente de RN, Sergio Diez, era el embajador del gobierno militar ante la instancia internacional. Diez se defendió como pudo, dio cifras y mostró documentos para invalidar las acusaciones, e incluso llegó a decir que "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal en Chile". Pero no logró evitar que 98 países la aprobaran, entre ellos Estados Unidos. En la ASEP se encendió la alarma de inmediato. Un pequeño grupo tomó la iniciativa. Y Fernández lo comandó. De hecho, fue en la casa de uno de sus íntimos donde se dio cuerpo a la idea que provocaría el primer quiebre al interior del gobierno militar: había que hacer una consulta para que la ciudadanía respaldara al gobierno en medio de "la agresión de la ONU", concluyeron. Al general Leigh y al almirante Merino la idea les pareció descabellada.El 16 de diciembre la condena internacional fue ratificada por la Asamblea de la ONU. Cinco días después, Pinochet anunció la realización de la consulta; al mismo tiempo designó a los encargados: César Benavides, Mónica Madariaga y Sergio Fernández. Los tres tenían que organizarlo y coordinarlo todo en sólo dos semanas, pues la fecha la fijó para el 4 de enero.A la oposición interna que evidenciaron Merino y Leigh, se sumó un contratiempo aún mayor: el contralor de la República, Héctor Humeres, expresó reparos "de forma y de fondo" a la convocatoria. La osadía le costó su jubilación anticipada. El reemplazante fue, justamente, Sergio Fernández. La medida se concretó el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. En menos de 24 horas, el nuevo contralor cursó el decreto supremo que convocaba a la consulta, listo para ser publicado en el Diario Oficial. Cuatro meses después dejó el cargo.Días después de la consulta, Pinochet le pidió que lo acompañara a un viaje a Punta Arenas, en medio de la crisis con Argentina. Según consignó la revista Qué Pasa en la crónica de este viaje, el contralor Fernández pasaba por ministro; es más, casi parecía el jefe de gabinete. Una observación, sin duda, premonitoria.
EL ASCENSO
Los líos con Argentina no eran el único foco de preocupación de Pinochet a inicios de 1978. El exhorto de la justicia norteamericana por la declaración de Michael Townley como inculpado en el asesinato de Orlando Letelier y Rony Moffit, ocurrido dos años antes en Washington, tenía al gabinete tensado al máximo.Los siete ministros civiles del régimen tomaron la iniciativa y, en una cena privada, en la casa de Pinochet, le aconsejaron un cambio radical: era imperioso civilizar al gobierno, cambiarle la cara. En el encuentro destacó por su oratoria el ministro del Trabajo, Vasco Costa, que había llegado a la cartera como subsecretario de Fernández, designado por este mismo. Costa fue quien desarrolló la novedosa idea para el general. Fue así como Fernández se convirtió en el primer civil en el ministerio del Interior, desplazando al general Benavides al Ministerio de Defensa e iniciando la nueva etapa de la dictadura.La gesta era tan importante que Pinochet le delegó también a Fernández el poder de formar el gabinete de la "civilización". Los nombramientos más importantes tuvieron lugar en Cancillería, donde puso a Hernán Cubillos, justo cuando el caso Letelier bullía y se desbordaba, y en Hacienda, donde mantuvo a Sergio de Castro, maestro en la primera etapa de las privatizaciones. La trascendencia de aquello la destacó Gonzalo Vial en su recopilación histórica del régimen. Allí señaló que, a partir de entonces, "el trío Fernández-Cubillos-De Castro pasó a ser determinante en la conducción del país (siempre, por supuesto, bajo la celosa mirada de Pinochet)".
LA AMNISTÍA
Al igual que en su llegada a la Contraloría, Fernández asumió en Interior con tareas importantes. A los pocos días en el cargo, el 19 de abril, puso su firma sobre el decreto Ley de Amnistía, que favoreció a aquellos que cometieron y ocultaron crímenes -autores y cómplices- entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Para Fernández, éste fue "el comienzo de la reconciliación nacional". La idea de la amnistía sorprendió a los otros miembros de la Junta, porque Pinochet siempre se había opuesto a algo que oliera a ella. Pero el dictador se los explicó en persona en una reunión privada, sin asesores. El único externo era Fernández.En medio de la discusión de la nueva institucionalidad del régimen, el general Gustavo Leigh insistía en contradecir a Pinochet. A mediados de julio dio una entrevista al Corriere della Sera fijando un plazo para el término del gobierno militar: 1983. Una vez más, Fernández estuvo dispuesto a servir a Pinochet. Esta vez ideó un Consejo de Ministros, una especie de órgano autónomo integrado por la totalidad de los secretarios de Estado, presidido por él, por cierto, cuya primera función fue emitir un comunicado reprochando las declaraciones del díscolo miembro de la Junta.El problema pasó a mayores. Para la FACH no era fácil aceptar que los ministros cuestionaran públicamente a su comandante. Rápidamente la sangre llegó al río y el 18 de julio Leigh fue destituido de su cargo. A partir de ese hecho, Fernández y Cubillos, desde el centro de ASEP, se encargaron de elaborar el nuevo plan político cuya máxima expresión sería la Constitución de 1980, cuyos borradores finales terminaron de afinarse en las oficinas de Fernández en el Diego Portales, a mediados de 1980.
PODERES EXTRAORDINARIOS
Con todo, 1978 fue un año intenso. En agosto se conocieron las primeras protestas de los trabajadores del cobre, que partieron con una negativa a entrar a los comedores y derivó al primer caceroleo desde los tiempos de la UP que se escuchó en toda Chuquicamata el 8 de agosto. Seis trabajadores fueron despedidos de inmediato, "por injurias al gobierno", y días después se decretó estado de sitio y se relegó a diez dirigentes. Por cadena nacional, Fernández justificó la decisión, afirmando que todos los afectados "pertenecen o están vinculados" al PC.El 18 de octubre, a seis meses de asumir el cargo, de nuevo en cadena nacional, Fernández hizo dos grandes anuncios. El primero, que asumiría poderes extraordinarios para reorganizar la administración del Estado y en ello no se contemplaba, por cierto, la estabilidad funcionaria. El segundo declaraba proscritas a siete confederaciones y federaciones sindicales, que agrupaban a 550 sindicatos. Las medidas propiciaron una queja formal en el ámbito internacional (encabezada por la AFL-CIO) que tuvo su máxima expresión en un boicot a las exportaciones chilenas declarado en diciembre de 1978. Pinochet montó en cólera y quiso cambiar al socio y amigo de Fernández, Vasco Costa, por un militar. Pero Fernández se opuso tenazmente y logró imponer a José Piñera en el cargo. El primer reinado de Fernández terminó en abril de 1982, en medio de la crisis económica y la arremetida de aquellos partidarios del régimen desplazados con su llegada, que culparon de todo a los Chicago Boys, a los neoliberales. Pero no se fue por completo. Asumió la presidencia de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas, las normas llamadas a dar carne a la Constitución. Y allí estuvo hasta que volvió a Interior, el 7 de julio de 1987.
EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ
A casi un mes de haber asumido su segundo período en Interior, Fernández firmó un decreto que prohibía la tortura. "El Supremo Gobierno será inflexible en la aplicación de las sanciones para aquellos funcionarios que se les compruebe haber efectuado o aplicado apremios ilegítimos o violencias innecesarias", se lee en el texto.Esta semana, Fernández desempolvó el documento en un intento por probar que nada tuvo que ver con esas prácticas. Pero la historia y la memoria colectiva -porfiada ella- dice otra cosa. De hecho, el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 1987/88, señala que "en lo referido a la detención de personas por parte de la CNI en recintos secretos, la Comisión debe manifestar su profunda preocupación por la persistencia de denuncias en este sentido" que incluían, por cierto, una aplicación "persistente" de torturas.Y para quienes veían televisión en esos años, es inolvidable la imagen de la estudiante universitaria Karin Eitel, acusada de ser cómplice en el secuestro del coronel Carlos Carreño, declarando ante las pantallas de TVN durante su cautiverio en la CNI, visiblemente torturada. Ella fue detenida el 2 de noviembre de 1987, cuando aún no habían pasado tres meses del dictamen que hoy enarbola Fernández.Bajo su segundo mandato también desaparecieron cinco jóvenes comunistas ligados al FPMR. La investigación judicial del caso estableció que estuvieron en el cuartel Borgoño y luego fueron lanzados al mar en las costas de San Antonio.La salida de Fernández del gobierno militar tuvo una escena de antología. Ocurrió la misma noche del 5 de octubre de 1988, cuando en su calidad de ministro del Interior tuvo que informar los resultados a los comandantes en jefe. Tratando de mejorar las cosas, destacó que los conteos mostraban que Pinochet seguía siendo la principal figura política del país, aunque había perdido. "¡Muy bien! -ironizó Matthei- ¿Dónde está la champaña?"Pero Fernández, como si nada, propuso otra de sus geniales ideas para las crisis. Esta vez aconsejó que los comandantes le dieran facultades extraordinarias a Pinochet -el decreto incluso estaba redactado y lo puso sobre la mesa- y llegó a sugerir que se postergara el escrutinio final para el día siguiente. Pero esta vez no le resultó. A las 2:38 de la madrugada del 6 de octubre, en su oficina de La Moneda, Sergio Fernández leyó la última declaración de la jornada. Admitió la derrota y celebró el comportamiento de la ciudadanía y las FF.AA. Muchos suspiraron con alivio, los más comenzaron a celebrar. Fernández bajó del podio y las luces de palacio se apagaron. LND