FRANCISCO ALARCON, DIRECTOR AGRUPACION SALVADOR ALLENDE
PRESIDENTE AGRUPACION EX PRESOS POLITICOS

Diario La Prensa Austral 5 de diciembre de 2004

"Podríamos publicar lista de torturadores"

El dirigente de la agrupación de derechos humanos Salvador Allende, Francisco Alarcón, expresó su desacuerdo con la medida de silenciar durante 50 años los detalles de la información contenida en el informe de la Comisión Valech y anunció que ese grupo estudia publicar un listado con los nombres de personas que practicaron la tortura en Magallanes.
Sin entrar en mayores detalles al respecto, el dirigente dijo que no se puede tolerar que la información se mantenga en secreto mientras muchas de las personas que violaron los derechos humanos en la zona siguen viviendo en ella.
También admitió que su agrupación analiza, aunque en forma preliminar, acudir a los tribunales para perseguir sus responsabilidades.

Declaración
Antes del miércoles las organizaciones de derechos humanos de la zona darán a conocer una declaración conjunta respecto a la publicación del informe de la Comisión Valech y las propuestas de reparación a las víctimas de la tortura.
Para ello en los últimos días trabajó una comisión con integrantes de las agrupaciones Orlando Letelier y Salvador Allende que agrupan a ex prisioneros políticos.
La declaración considera propuestas de reparación alternativas a las que ofreció el Presidente Lagos pues la opinión unánime entre los ex prisioneros es que éstas resultan insuficientes.
Según explicó Francisco Alarcón, en su organización hay planteamientos como que los beneficios anunciados en salud, educación y vivienda tengan cobertura hasta la tercera generación beneficiando a hijos y nietos de los torturados.
También les preocupa el monto de la pensión anunciada, unos 112 mil pesos, que consideran insuficiente para la mayoría de los ex prisioneros que tiene una situación laboral muy inestable. Además, estiman que este beneficio sólo alcanzaría a una pequeña parte de los ex prisioneros.
El dirigente señaló que van a pedir que los parlamentarios y autoridades de la zona se comprometan por escrito con las organizaciones de derechos humanos para impulsar estas reparaciones.